En representación del Gobierno español y de la Santa Sede respectivamente, Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y Domenico Tardini, pro-secretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, firman en Ciudad del Vaticano un concordato que para el régimen dictatorial que Francisco Franco ejerce en España supone un reconocimiento internacional y para la Iglesia es la confirmación de la confesionalidad del Estado español, además de significar la restauración de sus privilegios, la exención de toda censura en su literatura y la garantía de su independencia.